Por qué los criterios ESG en las empresas son cada vez más decisivos para acceder a financiación

En los últimos años, el enfoque ESG en las empresas ha pasado de ser una referencia de buenas prácticas empresariales a convertirse en un criterio estructural para definir el acceso a ayudas públicas, subvenciones y otros instrumentos de apoyo institucional. Lo que antes se percibía como un valor añadido, una herramienta para mejorar la reputación o captar la atención de inversores responsables, es ahora un requisito cada vez más presente en las convocatorias públicas, las políticas de financiación y las estrategias de recuperación económica.

La incorporación de criterios ESG en las políticas públicas responde a una lógica clara: si los fondos públicos van a ser un motor de transformación, deben impulsar un modelo empresarial alineado con el desarrollo sostenible. Esto implica premiar con recursos a quienes integran la sostenibilidad de forma real en su estrategia, y establecer filtros para aquellos proyectos que no acrediten un compromiso verificable con el impacto ambiental, la cohesión social o la gobernanza ética.

Para las empresas, esta evolución representa tanto un reto como una oportunidad. Un reto, porque exige adaptar procesos, definir indicadores, reforzar la transparencia y asumir compromisos concretos en ámbitos que antes quedaban fuera del núcleo operativo. Pero también una oportunidad, porque quienes den el paso con decisión no solo mejorarán sus posibilidades de acceder a financiación pública, sino que también fortalecerán su posición competitiva, su capacidad de innovación y su resiliencia a medio plazo.

ESG: mucho más que sostenibilidad ambiental

Aunque el concepto ESG es cada vez más habitual en los entornos empresariales y administrativos, sigue existiendo cierta confusión en torno a su verdadero alcance. En muchos casos, se asocia únicamente a la sostenibilidad ambiental o al cumplimiento de obligaciones medioambientales. Sin embargo, el enfoque ESG es mucho más amplio y profundo: implica una visión transversal del desempeño empresarial, que abarca no solo lo ecológico, sino también lo social y lo ético, y que obliga a replantear la forma en que las organizaciones generan valor.

El acrónimo ESG responde a tres dimensiones fundamentales que, en conjunto, determinan si una actividad económica puede considerarse realmente sostenible:

• Environmental (E): se refiere al impacto ambiental directo e indirecto de la actividad de la empresa.
• Social (S): engloba el impacto que la empresa tiene en las personas y comunidades con las que se relaciona.
• Governance (G): hace referencia a la estructura y calidad de la gestión empresarial.

Lo esencial del enfoque ESG en las empresas es que no se trata de declaraciones o compromisos genéricos, sino de prácticas integradas, medibles y, cada vez más, auditables. No basta con tener una política medioambiental o publicar una memoria de sostenibilidad: lo que se exige es la incorporación efectiva de estos criterios en la toma de decisiones, en la estrategia corporativa y en la operación diaria.

De la voluntariedad a la obligación: el nuevo marco normativo

Durante años, la incorporación de criterios ESG en las empresas fue un ejercicio voluntario. Se consideraba una buena práctica, una forma de mejorar la reputación o atraer inversores con sensibilidad medioambiental o social. Sin embargo, ese enfoque ha cambiado radicalmente. Hoy, los ESG están plenamente integrados en el entramado normativo europeo, y su aplicación ya no responde a una opción ética o estratégica, sino a una necesidad regulatoria concreta.

Este giro se debe, en gran medida, al impacto del Pacto Verde Europeo, el programa político y económico con el que la Unión Europea busca alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este pacto ha generado una cascada de regulaciones que, de forma directa o indirecta, incorporan criterios ESG como pilares fundamentales para orientar la actividad económica y canalizar recursos públicos y privados hacia actividades sostenibles.

Uno de los instrumentos más relevantes en este proceso es el Reglamento de Taxonomía de la UE, que define de forma precisa qué actividades pueden considerarse ambientalmente sostenibles. La taxonomía establece seis objetivos medioambientales —mitigación y adaptación al cambio climático, uso sostenible de recursos, economía circular, prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad—, y obliga a las empresas a demostrar que sus actividades contribuyen de forma sustancial a al menos uno de ellos, sin perjudicar los otros. Esto se conoce como cumplimiento del principio DNSH (Do No Significant Harm o “no causar un perjuicio significativo”) que implica que las empresas deben justificar que sus proyectos no generan impactos negativos relevantes sobre el medioambiente, y que están alineados con la transición ecológica definida en los planes nacionales y europeos.

A este marco se suma la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que exige a más de 50.000 empresas que reporten de forma detallada y estandarizada su desempeño ambiental, social y de gobernanza.

Aunque estas directivas están siendo implantadas de forma progresiva, sus efectos ya se están notando en las bases reguladoras de muchas ayudas públicas, tanto a nivel estatal como autonómico. Cada vez es más habitual encontrar convocatorias que exigen documentación específica sobre aspectos ESG en las empresas, evaluaciones de impacto, planes de igualdad, códigos éticos o compromisos ambientales. En algunos casos, estos requisitos condicionan directamente la elegibilidad del proyecto; en otros, son criterios de valoración que afectan a la puntuación técnica o sirven como elementos de desempate.

¿Por qué los ESG son clave para acceder a ayudas públicas?

Su integración responde a una lógica estructural: las políticas públicas actuales, especialmente aquellas vinculadas a la transición ecológica y digital, se apoyan en estos principios para orientar el destino de los fondos públicos hacia proyectos que contribuyan al cambio de modelo económico. En este nuevo contexto, los criterios ESG no son un añadido deseable, sino una condición de acceso o ventaja competitiva real en el reparto de subvenciones.

Las ayudas públicas, especialmente las financiadas con fondos europeos, están diseñadas para apoyar la transformación profunda del tejido productivo. Esto implica que los recursos deben priorizarse hacia empresas y proyectos que demuestren no solo viabilidad técnica y económica, sino también alineación con los objetivos sociales, ambientales y éticos definidos a nivel comunitario.

Por este motivo, la mayoría de convocatorias de ayudas relevantes ya incluyen referencias explícitas a criterios ESG. Esta influencia puede materializarse de varias formas:

• Requisitos de elegibilidad: en muchas convocatorias, para poder presentar un proyecto es necesario acreditar determinadas condiciones ESG, como disponer de un plan de igualdad, cumplir con el principio DNSH, contar con políticas activas de sostenibilidad o no estar incurso en procedimientos por incumplimientos ambientales o sociales.

• Criterios de valoración: en convocatorias competitivas, los aspectos ESG suelen formar parte de la puntuación técnica. Por ejemplo, la existencia de planes de descarbonización, la implantación de medidas de economía circular, el impacto positivo sobre el empleo femenino o el compromiso con la transparencia en la gestión pueden sumar puntos decisivos frente a otros solicitantes.

• Criterios de desempate: cuando varias solicitudes obtienen puntuaciones similares, los aspectos ESG pueden ser el factor que determine qué proyecto recibe la ayuda. La existencia de certificaciones en sostenibilidad, la participación en iniciativas de responsabilidad social o la adopción de modelos de gobernanza inclusiva pueden inclinar la balanza.

• Condiciones de justificación: una vez concedida la ayuda, muchos programas exigen que el beneficiario reporte avances o resultados en materia ESG. Esto obliga a establecer indicadores, realizar seguimiento y documentar de forma clara cómo el proyecto contribuye a los objetivos sostenibles definidos en la convocatoria.o por la sostenibilidad, la capacidad de movilizar recursos para proyectos de descarbonización industrial se convierte en un factor crítico de ventaja competitiva.

Ayudas IDI a la inversión industrial en eficiencia energética

Un ejemplo específico de cómo los criterios ESG están definiendo el acceso a financiación pública la encontramos en las ayudas a la inversión industrial en eficiencia energética (IDI). Esta línea, gestionada por el Ministerio de Industria y con nueva convocatoria prevista para el tercer trimestre de 2025, tiene como objetivo impulsar mejoras estructurales en los procesos productivos, con especial impacto en sectores electrointensivos como la metalurgia, la alimentación o el papel, donde el consumo energético es crítico para la competitividad.

Estas ayudas no se limitan a reducir la factura energética: buscan reforzar la autonomía operativa de las empresas ante un contexto energético cada vez más volátil. En este tipo de convocatorias, ya es habitual que se valoren cuestiones como el impacto ambiental del proyecto, la existencia de planes de igualdad o de gobernanza ética, y la alineación con objetivos estratégicos de transición ecológica.

Esto demuestra que, más allá de los requisitos formales, el diseño ESG en las empresas de una propuesta puede ser determinante para acceder a la ayuda. Y es precisamente esta exigencia creciente lo que está llevando a muchas empresas —especialmente pymes industriales— a incorporar de forma progresiva estos criterios en su operativa diaria, conscientes de que ya no se trata solo de cumplir, sino de transformar.

Qué implica integrar los ESG para una pyme o empresa industrial

Para muchas pequeñas y medianas empresas —y especialmente para las del sector industrial— la integración de criterios ESG puede parecer, en un primer momento, un proceso complejo, costoso o reservado a grandes corporaciones con equipos especializados y estructuras avanzadas. Sin embargo, esa percepción está empezando a cambiar rápidamente. Las pymes son plenamente conscientes de que, para acceder a determinadas ayudas, operar en entornos regulados o participar en determinadas cadenas de suministro, necesitan alinear su actividad con los estándares de sostenibilidad que marcan el paso a nivel europeo y global.

Integrar los criterios ESG implica revisar en profundidad cómo opera la empresa, cómo se relaciona con sus grupos de interés y cómo gestiona sus impactos a corto, medio y largo plazo. Se trata de una transformación progresiva, pero estratégica, que abarca distintas áreas clave:

1. Diagnóstico y análisis de situación

El primer paso es entender el punto de partida. ¿Qué prácticas actuales se alinean con los principios ESG? ¿Dónde existen brechas? Realizar un autodiagnóstico o recurrir a una evaluación externa permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en cada dimensión (ambiental, social y de gobernanza). Este análisis es fundamental para definir objetivos realistas y diseñar una hoja de ruta coherente.

2. Definición de una estrategia ESG en las empresas

A partir del diagnóstico, es necesario establecer una estrategia adaptada a la realidad de la empresa, con metas claras, indicadores medibles y plazos razonables. No se trata de adoptar todas las prácticas posibles de golpe, sino de priorizar las más relevantes para el sector, el tamaño de la empresa y su contexto operativo. Una estrategia sólida debe ser transversal, involucrando a las áreas técnicas, financieras, de recursos humanos y dirección.

3. Integración operativa

Los ESG deben reflejarse en la práctica diaria. En el plano ambiental, esto puede traducirse en medidas de eficiencia energética, uso de materias primas sostenibles, reducción de residuos o incorporación de energías renovables. En el ámbito social, en políticas activas de igualdad, conciliación, formación o participación de empleados. Y en el terreno de la gobernanza, en mejoras en la transparencia, la ética empresarial o la gestión de riesgos.

4. Establecimiento de mecanismos de seguimiento y reporte

Una parte esencial de la lógica ESG es la capacidad de medir, verificar y comunicar los avances. Las empresas deben definir indicadores clave (KPIs), establecer sistemas de seguimiento interno y preparar informes que puedan ser utilizados tanto para la toma de decisiones como para justificar el cumplimiento de requisitos en convocatorias de ayudas o auditorías externas.

5. Comunicación y coherencia externa

Cada vez es más importante que las empresas comuniquen su desempeño ESG de forma clara, coherente y creíble. Esto no implica campañas publicitarias, sino ofrecer información accesible y verificable, alineada con los estándares normativos. Una buena comunicación ESG no solo refuerza la imagen de la empresa, sino que también genera confianza en administraciones públicas, clientes, socios y entidades financiadoras.

Los ESG como llave de acceso a financiación y ayudas públicas

El entorno actual no permite improvisaciones. Los criterios ESG en las empresas han pasado a ser uno de los ejes estructurales de las políticas públicas, y su cumplimiento será cada vez más determinante para acceder a financiación, posicionarse ante licitadores o participar en proyectos tractores. Por eso, más que una tendencia, representan una llave de acceso a la sostenibilidad competitiva.

Si su empresa quiere avanzar con rigor, desde ipsom podemos ayudarle a transformar las exigencias normativas en oportunidades reales de transformación, mejora y crecimiento. Contacte con nuestros expertos para liderar el cambio.